El Doctor en Derecho.

El día sábado 28 de julio de 1996 al arribar a mi domicilio, aproximadamente a las 20:00 horas, me informan que me estaba esperando una señora que quería hablar conmigo. Dicha espera la hacía en la sala de mi domicilio, por lo que extrañado pregunté que de quien se trataba, puesto que no acostumbro atender los asuntos que litigo en lugar distinto, sino única y exclusivamente en mi oficina, a lo que me informan que era la esposa de un compañero litigante y vecina pues vivían en la misma colonia y que su esposo se encontraba detenido y le había solicitado que me fuera a buscar y toda vez que por ser sábado en la tarde no estaba abierto el bufete decidió ir a buscarme a mi casa.

Me entrevisto con la señora y me indicó que su esposo el Doctor en Derecho HCC, a quien conocía por ser secretario de una asociación de abogados a la cual pertenecía, le comentó que desde días antes se había enterado que lo estaban involucrando en una investigación de robo de vehículos del cual era ajeno totalmente y ante esto había decidido pedir apoyo a la asociación de abogados, el cual si bien nunca le fue negado expresamente no se lo brindaron. Ante esto ese día había decidido trasladarse a las oficinas de la procuraduría General de Justicia del Estado, que se localizaban en la ex hacienda la experimental, San Antonio de la Cal, Oaxaca, para entrevistarse con el titular de dicha institución el Lic. Roberto Pedro Martínez Ortiz, pero al estar haciendo antesala, para hablar con dicho servidor público le había sido ejecutada por parte de la Policía Judicial una orden de aprehensión y lo habían internado en la penitenciaría central, dándole la instrucción que me buscara para que acudiera a su llamado, llamado que hacía de forma personal no como integrante de la asociación de abogados.

Ante esto al día siguiente domingo 29 de julio de 1996 a primera hora me entrevisté con el Dr. HCC en la penitenciaría central, donde me informó que le habían ejecutado una orden de aprehensión en el expediente 116/96 librada por el Licenciado Victoriano Barroso Rojas, Juez tercero de lo penal del distrito judicial del centro, como probable responsable en la comisión del delito de robo cometido en perjuicio patrimonial de quien o quienes resultaran sujetos pasivos.

Ese mismo día rindió su declaración preparatoria y al proporcionar sus generales, entre otros manifestó que su grado máximo de estudio era Doctor en Derecho y al proporcionar los míos como defensor me identifiqué como Licenciado en Derecho, diferencia de grados académicos que por un lado me dio satisfacción pues iba a fungir con mi licenciatura como defensor de un Doctor, pero también representaba una obligación profesional mayor pues mi cliente no era un neófito en Derecho e independientemente de la obligación profesional, sentía la obligación moral de apoyar incondicionalmente al compañero litigante.

Inicié la defensa en el término constitucional y su ampliación, sin embargo impuesto de las actuaciones se desprendían señalamientos directos en contra de mi defendido y otros coinculpados todos ellos pasantes y licenciados en derecho e imputaban que mi defendido supuestamente se encargaba de hacer trámites administrativos de emplacamiento de vehículos robados.

Independientemente de mi estrategia de litigación, informé al presidente de la asociación de abogados tal situación y le solicité que convocáramos a los compañeros para demostrarle a mi cliente el apoyo, petición que me fue negada puesto que no querían que “su imagen se viera manchada”; ante esto le propuse al imputado que me iba a entrevistar con varios compañeros litigantes, pues realmente le habían “fabricado” su participación en un hecho criminal y me dió la libertad de operarlo como estimara conveniente.

Por lo que convoqué en el restaurante “La Casona” que se ubica hasta la fecha frente al parque “el llano” a los Licenciados en Derecho y compañeros litigantes Ismael Carmona Castillo, Jorge Eduardo Franco Jiménez y Carlos Moreno López, a quienes les expliqué el problema que estaba pasando el colega, reconozco públicamente el apoyo brindado por estos profesionistas quienes a pesar de pertenecer a barras de abogados distintas a la que yo pertenecía no se inmutaron en brindar el apoyo moral que requería el compañero detenido y fue así que el día 31 de julio de ese año un grupo de aproximadamente diez abogados nos entrevistamos con el juez instructor.

A pesar de la estrategia de defensa y de la entrevista hecha, el día 2 de agosto le fue dictado al Dr. HCC el auto de formal prisión, ante esto y al tener conocimiento de fondo varios compañeros litigantes se tornó la defensa en grupo consiguiendo la libertad de mi cliente en la alzada que revocó la formal prisión y decretó la libertad.

Este asunto, me dejó varias enseñanzas y entendí lo débil que puede estar un profesionista en el derecho cuando el órgano de procuración de justicia, principalmente en esa época integra investigaciones de manera dolosa y de mala fe, con el fin de justificar su trabajo pero de manera desleal.

También critiqué que la asociación de abogados a la que pertenecíamos mi cliente y yo, nunca brindó el apoyo que requería el imputado, sin embargo, una vez lograda la libertad se jactaban públicamente de que esa libertad había sido gracias a su intervención, hecho que era totalmente falso y ante estas actitudes ese año renuncié a dicha asociación pues lo único que le interesaba a la misma eran intereses particulares. Desde ese año 1996, decidí no pertenecer a ninguna barra, colegio de abogados o cualquier organismo, llámese como se llame, que agrupe abogados y actuar siempre en mi ejercicio de litigante en forma totalmente libre e independiente, situación que mantengo hasta la fecha.

Quedo de ustedes.

Mtro. en D. C. Gerardo Francisco López Thomas.

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